Reto semanal entregable P2P del módulo 3 Políticas públicas para la igualdad de oportunidades
1. Presentación de la política pública
La política pública que he elegido para analizar es el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, impulsado por el Gobierno de España. Este Real Decreto busca eliminar las diferencias salariales injustificadas entre mujeres y hombres, promoviendo la igualdad retributiva mediante medidas concretas y la exigencia de transparencia en los sueldos y condiciones laborales. El ámbito de intervención de esta política es principalmente el sector laboral, abarcando tanto el sector público como privado, e involucrando a empresas y administraciones públicas.
El contexto de esta normativa se sitúa en la creciente conciencia social y política sobre la brecha salarial de género, un problema sistémico. El Real Decreto es una respuesta directa a esta problemática, en línea con los esfuerzos del Estado para cumplir con las normativas europeas e internacionales sobre igualdad de género en el ámbito laboral. La normativa surge en un contexto donde ya existían políticas previas, como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero con la necesidad de reforzar la dimensión salarial y asegurar que las mujeres no reciban una compensación económica inferior por trabajos de igual valor.
El Real Decreto establece que todas las empresas deben tener un registro retributivo con datos desglosados por sexo y justificados por categorías profesionales. Además, las empresas con más de 50 empleados están obligadas a realizar auditorías salariales dentro de sus planes de igualdad, evaluando las diferencias retributivas y justificando las mismas si existen, o corrigiéndolas en caso de no tener fundamento.
2. Análisis de la política pública
El Real Decreto 902/2020 aborda varias dimensiones clave de la discriminación de género en el ámbito laboral.
Roles de género:
Esta política impacta directamente en los roles de género al intentar desmantelar la tradicional desigualdad salarial que ha perpetuado los estereotipos. Al requerir que las empresas desglosen los sueldos por categorías y eliminen diferencias salariales no justificadas, la política desafía el estereotipo de que las mujeres deben aceptar trabajos peor remunerados o que sus roles sean menos valiosos económicamente. Promueve que el trabajo realizado por mujeres es igual de valioso que el de los hombres.
Acceso a recursos:
El objetivo principal de esta normativa es asegurar el acceso equitativo a los recursos económicos para mujeres y hombres. Al exigir transparencia salarial, se les otorga a las mujeres un acceso más igualitario a salarios justos y competitivos. Las auditorías salariales no solo promueven la equidad en el presente, sino que también previenen la perpetuación de estas desigualdades en el futuro. Asimismo, fomenta que las mujeres tengan mejores condiciones para negociar salarios, sabiendo que existen mecanismos legales que respaldan la equidad en las compensaciones. Este acceso igualitario es crucial para reducir la brecha de género en aspectos relacionados con la seguridad económica y la independencia financiera de las mujeres.
Representación y poder en la toma de decisiones:
Aunque el Real Decreto se centra principalmente en la igualdad salarial, también aborda de manera indirecta la cuestión de la representación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito laboral. La obligatoriedad de las auditorías salariales y los planes de igualdad también implica que las mujeres participen más activamente en estos procesos dentro de las empresas, especialmente en sectores donde históricamente han estado infrarrepresentadas. Esta normativa refuerza la idea de que las mujeres no solo deben ser representadas, sino que deben estar en una posición de poder para evaluar y cuestionar prácticas laborales discriminatorias.
3. Impacto y resultados
Uno de los efectos más visibles ha sido el aumento de la conciencia sobre la brecha salarial y el mayor número de empresas que han comenzado a cumplir con las normativas de transparencia retributiva. Las trabajadoras y los trabajadores, en particular, han ganado un recurso más en la lucha contra la discriminación salarial, pues ahora las empresas están obligadas a justificar cualquier disparidad en los sueldos.
Los beneficiarios principales de esta política son las mujeres trabajadoras en España, especialmente aquellas en sectores donde la brecha salarial ha sido históricamente más amplia. También es relevante para sectores donde las condiciones salariales son más opacas y no existía una cultura de transparencia. Los beneficios no se limitan a las mujeres, ya que el establecimiento de un marco más justo y equitativo también mejora la moral y la cohesión general en los ambientes laborales.
Reducir la brecha salarial, aumentando así la independencia económica de las mujeres y fomentando una mayor igualdad en otros ámbitos, como el acceso a pensiones y beneficios sociales.
4. Fortalezas y debilidades
Fortalezas:
Transparencia: Obliga a las empresas a ser claras con los salarios, ayudando a detectar y corregir desigualdades.
Amplio alcance: Abarca tanto grandes como medianas empresas, impactando en muchos sectores.
Mecanismos concretos: Proporciona herramientas prácticas como los registros retributivos, auditorías retributivas … para un mejor control.
Independencia e igualdad económica: Cambio significativo en la vida de las trabajadoras y trabajadores.
Debilidades:
Resistencia empresarial: Algunas empresas, sobre todo las pequeñas, pueden resistirse a cumplir por los costes y esfuerzo que implica.
Costes de implementación: Adaptarse a estas exigencias puede suponer un gasto considerable, especialmente para las pymes.
Problemas estructurales sin abordar: No toca cuestiones más profundas como la segregación ocupacional o las barreras para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo.
Supervisión efectiva: Aunque la ley establece mecanismos claros, existe incertidumbre sobre como se garantizará su cumplimiento en todos los casos, debido a que supone un gran reto.
Creo que el Real Decreto 902/2020 tiene un impacto clave en la estructura económica y social, al reducir la brecha salarial, no solo mejora la equidad inmediata, sino que afecta positivamente a las pensiones, fomenta el acceso al poder y aumenta el interés por el empleo y la formación de las mujeres. El factor económico mueve la sociedad, y esta ley transforma las oportunidades y el crecimiento profesional, influyendo directamente en la calidad de vida y la participación activa en el mercado laboral. Además no solo beneficia a las mujeres, sino que contribuye a una sociedad mas justa para todas y todos.
